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10 razones de la SFP para descartar conflicto de interés de Peña Nieto

La Función Pública descartó conflictos de interés del presidente y el titular de Hacienda en compra de sus casas ¿Cuáles fueron las razones?

Las razones para exonerar al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de conflictos de intereses por la adquisición de inmuebles a un contratista del gobierno, estuvieron basadas principalmente en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, dijo este viernes al revelar los resultados de la investigación iniciada a raíz del caso “Casa Blanca”, que en el análisis que el propio presidente le encomendó hace más de 6 meses, también consideró la Constitución Política.

Para la investigación, Andrade dijo que se interrogó a 111 servidores públicos que intervinieron en la entrega de 33 contratos a las compañías ligadas a los empresarios Juan Armando Hinojosa Cantú y Ricardo Arturo San Román Dunne, quienes vendieron los inmuebles al presidente Peña Nieto, a su esposa Angélica Rivera y a Luis Videgaray.

Las declaraciones de los funcionarios, a su vez, fueron analizadas por la SFP a la luz de los expedientes de las contrataciones, y se verificó que éstos no tuvieran relación personal, familiar o de negocios con los contratistas, abundó Andrade en conferencia de prensa.

A continuación te enlistamos las explicaciones que Andrade ofreció paradescartar que hubo conflicto de interés relacionados con la adquisición de las residencias.

Las casas de Ixtapan y Las Lomas 

No firmó contratos públicos

El secretario de la Función Pública señaló que el presidente no otorgó contratos a las empresas vinculadas con estos polémicos casos, pues el firmar estas autorizaciones no está entre sus facultades legales.

“Del análisis del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que al presidente de la República no le corresponde intervenir en contrataciones de obra pública, arrendamiento o servicio”, citó.

Andrade agregó que a esta consideración se suman las declaraciones de más de un centenar de funcionarios a quienes se interrogó sobre la injerencia del mandatario federal en estos procedimientos, dichos que —añadió el titular de la SFP— tienen valor probatorio legal en la integración del expediente.

“Se corrobora que no hubo ninguna participación del licenciado Enrique Peña Nieto en el otorgamiento de los contratos, con las declaraciones de los 111 servidores que participaron en los procesos de contratación”, puntualizó.